Actores debaten por prohibición de enseñanza de pedagogía en Institutos Profesionales

Una resolución de la Contraloría hará cumplir el decreto que impide que los Institutos Profesionales impartan carreras de pedagogías, lo que es aprobado por autoridades y expertos, a pesar del rechazo que manifiestan los estudiantes afectados. En tanto, el Mineduc tendrá que definir el procedimiento para dar curso al dictamen.

Diversas han sido las reacciones luego que la Contraloría General de República concluyera que se debe respetar el Decreto de 2009 que fija que los Institutos Profesionales (IP) no pueden impartir carreras de Pedagogía, ya que por ley requieren una licenciatura.

Esta resolución es producto de dos presentaciones que hicieron ante el organismo autoridades del ministerio de Educación durante el gobierno anterior, solicitando que la Contraloría se pronunciara, dado que son muchos IP los que imparten aquellas carreras.

En cuanto a los procedimientos que deberá efectuar desde ahora el Mineduc, lo primero es notificar y ordenar a las casa de estudios para que adopten las medidas pertinentes, con objeto de cumplir el decreto.

En este sentido, el jefe de la División de Educación Superior del ministerio, Francisco Martínez, señaló que están estructurando, desde el punto de vista jurídico, cómo será el cierre de las carreras en las instituciones, la situación de títulos ya obtenidos y de quienes los están por obtener.

Además, aclaró que la Contraloría deberá emitir un fallo respecto de quién está en condiciones de ofrecer o no ciertos títulos y grados.

“Primero, estamos en este minuto haciendo un levantamiento detallado de quiénes son los estudiantes que están afectados por esta situación. Segundo, tenemos que oficiar a todas los institutos profesionales que dan y que no dan las carreras, de tal manera que estén oficialmente informados. Y tercero, tenemos que proceder a tomar acciones respecto de corregir esta situación, pues éste es un asunto sofisticado, porque genera problemas con los compromisos que las instituciones han tomado con los estudiantes”, precisó Martínez.

IP acatan

Si bien algunas instituciones han rechazado el dictamen, otros IP sí apoyan y respetan lo que mandata el decreto.

Así lo manifestó Ricardo Sobarzo, rector del Instituto Profesional IPG.

“Para nosotros, como instituciones técnicas, nuestro foco es otro. No estamos para dar grados académicos que tienen que ver con una ciencia. Estamos en la parte más técnica, la parte más dura. La de un profesor tiene que ver con manejar una ciencia”, manifestó.

Sobre las implicancias de este dictamen, las reacciones también están divididas. No sólo por el hecho de que las instituciones ya no podrán abrir procesos de admisión, sino, principalmente, por los muchos estudiantes que se encuentran cursando una carrera, así como por la desvalorización de quienes ya tienen el título.

En esa línea apuntó el académico Mario Sobarzo, del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech).

“Tiene que haber una implicancia, especialmente en los alumnos que estuvieron dentro del sistema, que ya estudiaron, y que hoy día quedan con un título que vale menos. Pero más allá de eso, hasta que no tengamos una mirada general de lo que significa formar a un profesor en Chile, es difícil hablar sobre las implicancias que tiene. Lo que sí es claro, es que es impresentable el sistema de formación de profesores en Chile. Ponemos pruebas y nadie certifica los ingresos de los profesores, ni los currículum de pedagogía. He insisto, los que pagan son los estudiantes”, analizó el experto.

Rechazo

Contraria a esta opinión se manifestó Aylín Ibáñez, profesora de educación básica con mención en Lenguaje y Comunicación, del Instituto Profesional Providencia.

“Respecto al título, siento que siempre se ha dado mayor prioridad a los alumnos egresados de universidades. Pero no creo que me pueda afectar a mí más allá, porque me siento totalmente preparada como si hubiese estudiado en una universidad. El instituto me dio una muy buena base en cuanto a currículum y, la verdad, dada mi experiencia, no estoy de acuerdo con este dictamen”, indicó la pedagoga.

En consecuencia, mientras que para algunos se trata de una instancia que vendría a sanear el incumplimiento de un decreto supremo, para otros podría representar un conflicto, a propósito de lo ocurrido con los alumnos de la Universidad del Mar.

Fuente: Radio Universidad de Chile