Para los académicos de la Universidad de Chile, Ernesto Águila e Iván Páez, múltiples serán los desafíos en materia educacional del gobierno de Michelle Bachelet. Para ellos, el éxito estará en trabajar en conjunto a los actores de la educación cada paso de la gran reforma.

Ayer se realizó el esperado cambio de mando, hecho histórico que estuvo marcado por varias situaciones excepcionales. Por primera vez una mujer, la senadora Isabel Allende (PS) encabezaba la testera y ponía la banda presidencial a Michelle Bachelet, y por primera vez ingresaban al Congreso cuatro dirigentes estudiantiles del 2011 convertidos en diputados.

Pero quizás lo más importante es que, por primera vez en la historia, la única mujer presidenta de Chile regresaba a la máxima magistratura del país con una votación histórica. Y es ése el desafío más grande que tendrá que enfrentar la próxima gestión de Bachelet: cumplir con las expectativas y con las reformas estructurales planteadas en el programa de gobierno.

Para diversos expertos políticos, la tarea no se viene fácil. Son tres las reformas estructurales que sustentarán el trabajo del próximo gobierno: una nueva Constitución, la reforma educacional y la reforma tributaria. Pero para Iván Páez y Ernesto Águila, será la educacional la que estará en la mira de los movimientos sociales y estudiantiles, escenario complejo y que tensionará todo el mandato de la presidenta.

Qué se viene para Bachelet

Iván Páez, director del Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) de la Universidad de Chile, cree que las expectativas son altas debido al gran impacto que tendrán las reformas de largo alcance.

“Son cambios estructurales que pretenden transformar la lógica que se ha sostenido hasta hoy, fundamentada en una concepción de Estado subsidiario, hacia una lógica que comprende un rol protagónico del Estado en educación”, dice.

Agrega, además que será fundamental el apoyo ciudadano que se tenga para implementar dichas reformas: “Entonces el alcance y profundidad de las mismas, sumado a apoyo ciudadano generan mucha expectativa, por lo mismo será trascendental lo que hará la nueva gestión, ya que deberá abordar la expectativa social, la profundidad de las reformas, y las capacidades para implementarlas”.

Asimismo, el académico Ernesto Águila, director del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la misma casa de estudios, afirma que dar respuestas a las altas expectativas de la sociedad será un escenario complejo para el actuar de la próxima administración.

“Entra un gobierno con un programa que representa una promesa de cambio estructural del actual modelo de la educación de mercado y eso es una novedad con lo que fueron los programas de educación de los últimos 25 años. Desde el retorno a la democracia no se apuntó a cambios estructurales de administración y financiamiento y, en ése sentido, es un desafío nuevo. Lo que la sociedad espera, y lo que está comprometido en el gobierno, es pasar de un modelo que se construya sobre otros principios y parámetros”, dice.

Sobre este escenario deberá actuar el próximo ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, y ambos codiciden que el principal desafío será cambiar la concepción del Estado subsidiario a uno garante de derechos.

“Esa transformación podría propiciar, por ejemplo, que el proceso de desmunicipalización se convierta en una oportunidad para generar un nuevo Estado protagónico, postsubsidiario, posibilitando una nueva e innovadora comprensión del rol de las comunidades locales, del rol del magisterio, de la participación estudiantil, en definitiva podría convertirse en una oportunidad para redefinir la relación Estado, Educación y Sociedad”, afirma Páez.

Finalmente, y a propósito de la reciente reunión del ministro Eyzaguirre y la directiva del Colegio de Profesores, Águila hace hincapié en que la forma de producir estos cambios será fundamental para el éxito de las medidas.

“Yo creo que ese punto es esencial, porque no solamente es tener un programa que anuncie cambios, sino producir ése cambio con los actores sociales y, básicamente, con los actores del sistema educativo. Eso debiera marcar una diferencia importante con lo que fueron gestiones anteriores y reconocer efectivamente como interlocutores válidos a los profesores, estudiantes, padres y apoderados. Es importante que se haga a través de una participación permanente en el tiempo”, concluye.